Serie: El sistema que yo veo — Entrada N.º 01
Por un abuelo con más de diez años en el sector ABA.
Soy abuelo de tres nietos, uno con necesidades especiales. Llevo más de diez años vinculado al sector de Análisis de Conducta Aplicada (ABA), entre otras cosas como cofundador de varias compañías y en especial de iCMS, una herramienta pensada para ayudar a mejorar la calidad del servicio y proteger el uso eficiente de los fondos públicos destinados a ABA. No escribo esto desde una oficina clínica ni con un título detrás. Escribo desde lo que he visto, en mi propia familia y en una década observando de cerca cómo funciona, y cómo falla, este sistema.
Quiero empezar esta serie con una idea simple. El sistema de ABA enfrenta hoy varios problemas reales al mismo tiempo, y la respuesta al fraude, aunque necesaria, muchas veces termina golpeando primero a los niños que más necesitan el servicio.
Un crecimiento real, no una moda
En la última década el diagnóstico de autismo (TEA) y de TDAH ha crecido de forma sostenida. Los datos del CDC muestran que la prevalencia de TEA en niños de 8 años pasó de 1 en 44 en 2021 a 1 en 36 en 2023, y estimaciones más recientes, con datos de 2022, ubican la cifra en 1 de cada 31 niños. Esto no es sobrediagnóstico gratuito. Hay mayor conciencia clínica y mejores herramientas de detección, aunque el acceso sigue siendo desigual.
A esto se suma la comorbilidad. Una proporción significativa de los niños con TEA también presentan TDAH, con estudios que reportan tasas de TDAH dentro de la población autista de entre 15% y más de 30%, según la muestra y el método diagnóstico. Un niño con ambas condiciones no es simplemente “el doble de complejo” en el papel. Es un caso que requiere más tiempo clínico, más coordinación entre disciplinas y más justificación documental frente a las aseguradoras.
El cuello de botella que dejó la pandemia
Los niños que tenían 2 o 3 años en 2020, la edad ideal para la detección temprana, vieron esa ventana cerrada durante la pandemia. La evidencia documenta que la COVID-19 interrumpió las visitas de rutina infantil y los servicios de evaluación temprana, retrasando la identificación de casos de TEA, y que las disparidades en el tamizaje de autismo persistieron durante todo el primer año de la pandemia.
El resultado, unos años después, es un represamiento de casos. Niños que debieron evaluarse en 2020 y 2021 no accedieron a una evaluación formal hasta 2022 o 2023. El cuello de botella que vivimos hoy no es solo falta de oferta. Es, en parte, la factura retrasada de una crisis sanitaria que interrumpió la detección temprana justo cuando más importaba.
Las comunidades con menos acceso siguen siendo las mismas
Este punto lo he visto de cerca y rara vez se cuenta con suficiente honestidad. Las familias de comunidades menos favorecidas, y particularmente aquellas donde el inglés no es el idioma que se habla en casa, enfrentan una barrera adicional que el sistema no está resolviendo. Muchas familias que no hablan inglés carecen de proveedores que dominen su idioma materno para guiarlas en los pasos necesarios hacia el diagnóstico y la intervención.
En un lugar con una enorme población hispanohablante y de otras lenguas, esto no es un detalle marginal. Es una brecha estructural que determina, en la práctica, quién recibe terapia a tiempo y quién no.
El estándar mínimo para certificar a quien está frente al niño es bajo
El Registered Behavior Technician, el RBT, es quien pasa más horas directas con el niño que cualquier otro profesional del equipo. Y se certifica hoy con un entrenamiento de 40 horas, completado en un mínimo de 5 días, más una evaluación de competencia y un examen. Es un punto de entrada bajo para la responsabilidad que se le entrega.
Esto no es una crítica a los RBT individuales, muchos de los cuales hacen un trabajo dedicado y cuidadoso. Es una pregunta sobre el diseño del sistema. Cuando el requisito mínimo de entrada es tan bajo, la calidad del servicio depende casi enteramente de cuánto invierta cada proveedor en supervisión, capacitación continua y retención de su personal.
La entrada de los fondos de inversión, y su modelo de negocio
Fondos de capital privado están comprando compañías de ABA a un ritmo creciente, atraídos por un flujo de ingresos estable y respaldado por seguros y Medicaid. La evidencia periodística y académica documenta una preocupación consistente entre padres y clínicos: que el enfoque en la rentabilidad ha degradado la calidad de la atención en proveedores propiedad de private equity, empujando modelos que priorizan las horas facturables sobre el objetivo terapéutico de cada niño.
El fraude no lo comete el niño en lista de espera. No lo comete la familia que lleva dos años esperando una evaluación. No lo comete el RBT bien entrenado que hace su trabajo con dedicación.
Y entonces llega la respuesta al fraude
AHCA ha intensificado, con razón, su lucha contra el fraude en Medicaid. En junio de 2026, la secretaria de la agencia declaró públicamente que, en los últimos dos años, se había terminado o negado la inscripción a más de 3,200 proveedores, y recuperado o prevenido más de 136 millones de dólares en pagos indebidos. Entre 2018 y su levantamiento en noviembre de 2022, Florida mantuvo además una moratoria de varios años a nuevas inscripciones de proveedores ABA en Miami-Dade y Broward, tras detectar credenciales falsificadas y facturación fraudulenta.
El fraude es real, y se ha documentado en múltiples estados. Nadie debería minimizar esto.
El problema no es combatir el fraude. Es cómo se combate.
Durante los cuatro años que estuvo vigente, una moratoria en dos condados enteros no distinguió entre el proveedor que falsificó credenciales y el proveedor nuevo y honesto que quería abrir un centro para atender a las familias en lista de espera. Pero cuando la respuesta regulatoria se diseña con el ancho de un embargo, y no con el filo de un bisturí, son los proveedores pequeños y honestos quienes terminan pagando el costo.
Lo que viene en esta serie
El impacto real de la moratoria, el traslado de ABA a Statewide Medicaid Managed Care, las barreras que enfrentan las familias hispanohablantes, y qué significa para la calidad del servicio que el capital de inversión vea a estos niños como una línea de ingresos.
Fuentes y notas
- CDC — Prevalencia de autismo, datos ADDM Network
- HHS-OIG — Pagos indebidos por autismo en Maine
- HHS-OIG — Informe anual de control de fraude Medicaid
- Oficina del Gobernador — Anuncio de la Iniciativa de Integridad de Medicaid (jun. 2026)
- OPPAGA — Revisión Bienal de la Supervisión de Fraude de AHCA (ene. 2026)
- PMC/NIH — Impacto de COVID-19 en el acceso a servicios de autismo
- CHOP — Disparidades en tamizaje durante COVID-19
- Journal of Racial and Ethnic Health Disparities
- BACB — Requisitos de entrenamiento RBT
- STAT News — Private equity en terapia ABA
- PubMed — Private Equity in Behavior Analysis
Las opiniones expresadas en este artículo son estrictamente personales del autor y no representan la posición, políticas ni intereses de ninguna empresa, organización, red de proveedores, aseguradora o entidad con la que el autor esté o haya estado afiliado, incluida iCMS. El contenido tiene un propósito informativo y de opinión pública, se basa en las fuentes públicas citadas arriba, y no constituye asesoría legal, clínica ni financiera, ni una acusación contra ninguna persona, empresa o institución en particular. Los ejemplos y patrones descritos son de carácter general y no corresponden a casos clínicos, familiares o administrativos identificables.
JC Lorie 